Fuente: LA VOZ DIGITAL
Autor: Paco González HOAC-Cádiz
Si las estadísticas están bien elaboradas y provienen de fuentes solventes, no mienten.
Tal es el caso de las que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre la incidencia de accidentes laborales en nuestro país.
Durante el período comprendido entre enero y octubre de 2.008, han ocurrido en España 640.138 accidentes, de los cuales,767 con resultado de muerte.
Andalucía ocupa el segundo lugar de esta negra lista, entre las Comunidades autónomas, con 110.234 accidentes, siendo 129 mortales y 11.471 in itínere, es decir, producidos en desplazamientos laborales o desde el lugar de trabajo al domicilio del trabajador o trabajadora.
Por su parte, nuestra provincia de Cádiz no se queda atrás con 16.565, -1.718 in itínere- que han ocasionado un total de 20 fallecidos.
Habría que añadir además otros datos de más difícil acceso como es el número de trabajadores que enferman por motivos de su actividad laboral.
Para que nos hagamos una idea de este problema, bastaría recordar un estudio realizado en 2004, ocultación sistemática del riesgo, que calculaba que de los aproximadamente 16 millones de productos químicos existentes en la UE, 30.000 eran empleados habitualmente en las empresas.
Como las estadísticas son frías, a pesar del carácter significativo que tienen en presentar la dimensión del problema, es esencial pensar que detrás de ellas hay personas concretas que han perdido la vida o se encuentran en un estado de discapacidad total o parcial.
Un accidente laboral rompe o anula el proyecto de vida personal y familiar, provoca un grado de sufrimiento imposible de cuantificar, y tras la información sobre la incidencia, normalmente sobria y puntual, de los medios de comunicación, las víctimas pasan a un estado de invisibilidad que acrecienta aún más el dolor por la pérdida del ser querido o su postración en caso de superviviencia.
De puertas para dentro, han de afrontar necesariamente todo un proceso burocrático y de investigación, mientras, seguirán preguntándose por los pormenores del accidente y sus causas, ahogando, no sólo sus penas, sino esa tendencia natural de todo ser humano en situaciones dolorosas como éstas a denunciar que no vuelva a ocurrir, que es preciso prevenir y exigir a quien corresponda más controles y concienciación en las empresas.
Consciente de esta situación de anonimato e impotencia, la HOAC, movimiento obrero cristiano, ha iniciado en Andalucía una campaña contra la siniestralidad laboral, fundamentada en la convicción de que «el trabajo es para la vida» y que no debe haber un muerto más por accidente laboral, y dirigida a visibilizar la presencia de las víctimas, implicarse en su sufrimiento, crear ámbitos ciudadanos de concienciación y pedir a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma profundicen en la gestión política de prevención que han venido realizando.
Para ello, la HOAC ha iniciado una recogida de firmas hasta conseguir al menos las 500.000 que se necesitan a fin de presentar una iniciativa popular ante el Parlamento de Andalucía.
Si los ciudadanos así lo quieren, y parece ser que sí por la acogida dada a la iniciativa, el 28 de abril de 2009, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se hará entrega de las firmas a la Presidenta del Parlamento, Sra. Fuensanta Coves, para que haciéndose cargo del considerable aumento de los accidentes laborales, urja a nuestros representantes a tomar las medidas necesarias que erradiquen definitivamente esta lacra social.
Con este proceder, la HOAC no pretende arrogarse la función de un sindicato sino la de colaborar subsidiariamente con éstos en la labor que vienen realizando de forma decidida y continuada.
Ante la situación descrita, es urgente que todos los sectores sociales se conciencien de la necesidad de una cultura de la prevención, que empieza en la familia, en la escuela, en el taller o en la universidad, implicando en esta tarea a padres, profesores, responsables políticos y ciudadanos en general.
Es totalmente necesario que se amplíen las plantillas de inspectores de trabajo, se dote este servicio con los medios económicos y humanos adecuados.
No importa lo que pueda costar materialmente, si con ello, se ahorran vidas.
La Consejería y delegaciones provinciales de empleo deben velar por el cumplimiento de la ley.
En esta llamada a la implicación colectiva, los empresarios no deben olvidar que son responsables de sus empresas y de la vida de los trabajadores a su cargo.
Por tanto, han de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.
Los trabajadores y trabajadoras son también responsables de su seguridad y de su vida.
No deben exponerla a pesar de la presión que ejercen sobre ellos las precarias condiciones de trabajo del sistema laboral actual (horarios excesivos, movilidad, flexibilidad, contratos precarios, vulneración del derecho a la sindicación...)
Se han de valorar sin reparos los esfuerzos de empresas que asistidas rigurosamente por delegados de seguridad e higiene en el trabajo cumplen con la normativa.
Pero han de ser perseguidas aquellas que dan trabajo con escasa temporalidad o sin contrato que impide al trabajador tener la experiencia y la formación suficiente para realizar correctamente su cometido.
Hay que facilitar a los delegados de seguridad los medios para el cumplimiento de su misión, por parte de ciertos empresarios, más preocupados en cumplir con los requisitos burocráticos que en asegurar la vida de los trabajadores...
No debemos, olvidar, como conclusión que detrás de muchos accidentes están unas condiciones precarias de trabajo que atentan a la integridad física y mental de las personas trabajadoras.
Todas estas aspiraciones y algunas más esperamos sean debidamente atendidas cuando las firmas se entreguen a la Presidenta del Parlamento, fecha en la que ya habrá brotado la luminosa primavera de nuestra tierra, como símbolo de vida, cuyo derecho, por dignidad, le corresponde al mundo obrero.
Tal es el caso de las que publica periódicamente el Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre la incidencia de accidentes laborales en nuestro país.
Durante el período comprendido entre enero y octubre de 2.008, han ocurrido en España 640.138 accidentes, de los cuales,767 con resultado de muerte.
Andalucía ocupa el segundo lugar de esta negra lista, entre las Comunidades autónomas, con 110.234 accidentes, siendo 129 mortales y 11.471 in itínere, es decir, producidos en desplazamientos laborales o desde el lugar de trabajo al domicilio del trabajador o trabajadora.
Por su parte, nuestra provincia de Cádiz no se queda atrás con 16.565, -1.718 in itínere- que han ocasionado un total de 20 fallecidos.
Habría que añadir además otros datos de más difícil acceso como es el número de trabajadores que enferman por motivos de su actividad laboral.
Para que nos hagamos una idea de este problema, bastaría recordar un estudio realizado en 2004, ocultación sistemática del riesgo, que calculaba que de los aproximadamente 16 millones de productos químicos existentes en la UE, 30.000 eran empleados habitualmente en las empresas.
Como las estadísticas son frías, a pesar del carácter significativo que tienen en presentar la dimensión del problema, es esencial pensar que detrás de ellas hay personas concretas que han perdido la vida o se encuentran en un estado de discapacidad total o parcial.
Un accidente laboral rompe o anula el proyecto de vida personal y familiar, provoca un grado de sufrimiento imposible de cuantificar, y tras la información sobre la incidencia, normalmente sobria y puntual, de los medios de comunicación, las víctimas pasan a un estado de invisibilidad que acrecienta aún más el dolor por la pérdida del ser querido o su postración en caso de superviviencia.
De puertas para dentro, han de afrontar necesariamente todo un proceso burocrático y de investigación, mientras, seguirán preguntándose por los pormenores del accidente y sus causas, ahogando, no sólo sus penas, sino esa tendencia natural de todo ser humano en situaciones dolorosas como éstas a denunciar que no vuelva a ocurrir, que es preciso prevenir y exigir a quien corresponda más controles y concienciación en las empresas.
Consciente de esta situación de anonimato e impotencia, la HOAC, movimiento obrero cristiano, ha iniciado en Andalucía una campaña contra la siniestralidad laboral, fundamentada en la convicción de que «el trabajo es para la vida» y que no debe haber un muerto más por accidente laboral, y dirigida a visibilizar la presencia de las víctimas, implicarse en su sufrimiento, crear ámbitos ciudadanos de concienciación y pedir a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma profundicen en la gestión política de prevención que han venido realizando.
Para ello, la HOAC ha iniciado una recogida de firmas hasta conseguir al menos las 500.000 que se necesitan a fin de presentar una iniciativa popular ante el Parlamento de Andalucía.
Si los ciudadanos así lo quieren, y parece ser que sí por la acogida dada a la iniciativa, el 28 de abril de 2009, Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se hará entrega de las firmas a la Presidenta del Parlamento, Sra. Fuensanta Coves, para que haciéndose cargo del considerable aumento de los accidentes laborales, urja a nuestros representantes a tomar las medidas necesarias que erradiquen definitivamente esta lacra social.
Con este proceder, la HOAC no pretende arrogarse la función de un sindicato sino la de colaborar subsidiariamente con éstos en la labor que vienen realizando de forma decidida y continuada.
Ante la situación descrita, es urgente que todos los sectores sociales se conciencien de la necesidad de una cultura de la prevención, que empieza en la familia, en la escuela, en el taller o en la universidad, implicando en esta tarea a padres, profesores, responsables políticos y ciudadanos en general.
Es totalmente necesario que se amplíen las plantillas de inspectores de trabajo, se dote este servicio con los medios económicos y humanos adecuados.
No importa lo que pueda costar materialmente, si con ello, se ahorran vidas.
La Consejería y delegaciones provinciales de empleo deben velar por el cumplimiento de la ley.
En esta llamada a la implicación colectiva, los empresarios no deben olvidar que son responsables de sus empresas y de la vida de los trabajadores a su cargo.
Por tanto, han de cumplir y hacer cumplir las normas vigentes.
Los trabajadores y trabajadoras son también responsables de su seguridad y de su vida.
No deben exponerla a pesar de la presión que ejercen sobre ellos las precarias condiciones de trabajo del sistema laboral actual (horarios excesivos, movilidad, flexibilidad, contratos precarios, vulneración del derecho a la sindicación...)
Se han de valorar sin reparos los esfuerzos de empresas que asistidas rigurosamente por delegados de seguridad e higiene en el trabajo cumplen con la normativa.
Pero han de ser perseguidas aquellas que dan trabajo con escasa temporalidad o sin contrato que impide al trabajador tener la experiencia y la formación suficiente para realizar correctamente su cometido.
Hay que facilitar a los delegados de seguridad los medios para el cumplimiento de su misión, por parte de ciertos empresarios, más preocupados en cumplir con los requisitos burocráticos que en asegurar la vida de los trabajadores...
No debemos, olvidar, como conclusión que detrás de muchos accidentes están unas condiciones precarias de trabajo que atentan a la integridad física y mental de las personas trabajadoras.
Todas estas aspiraciones y algunas más esperamos sean debidamente atendidas cuando las firmas se entreguen a la Presidenta del Parlamento, fecha en la que ya habrá brotado la luminosa primavera de nuestra tierra, como símbolo de vida, cuyo derecho, por dignidad, le corresponde al mundo obrero.