Comenzamos nuestro Círculo de Silencio, una vez más, para hacer visible una realidad que no puede seguir siendo ignorada: la de miles de personas migrantes que forman parte de nuestra sociedad y que, con su trabajo, su esfuerzo y sus proyectos de vida, contribuyen cada día al bienestar de todos.
Este año, España ha dado un paso importante con la aprobación de una regularización extraordinaria de personas extranjeras. En apenas unas semanas, más de 1.170.000 personas han solicitado acogerse a esta medida, una cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales. Más de 600.000 expedientes ya han sido admitidos a trámite y, gracias a ello, estas personas pueden acceder a un empleo regular y cotizar legalmente mientras se resuelve su situación administrativa.
Los primeros datos muestran ya los beneficios de esta decisión. Se han producido más de 159.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, lo que significa más ingresos para las arcas públicas, más estabilidad para las empresas, más protección para los trabajadores y menos espacio para la economía sumergida y la explotación laboral.
Regularizar no significa abrir las puertas sin control. Significa reconocer una realidad que ya existe. Son personas que viven entre nosotros, que cuidan de nuestros mayores, trabajan en nuestros campos, en la hostelería, en la construcción, en el servicio doméstico, en el comercio o en el transporte. Personas que pagan impuestos cuando pueden hacerlo, que consumen, alquilan viviendas, llevan a sus hijos a la escuela y participan en la vida de nuestros barrios.
La regularización beneficia a quienes obtienen una autorización para vivir y trabajar con dignidad. Pero también beneficia a toda la sociedad: aumenta la recaudación fiscal, fortalece la Seguridad Social, reduce la competencia desleal, combate la explotación laboral y favorece la cohesión social. Una sociedad con menos personas obligadas a vivir en la clandestinidad es una sociedad más segura, más justa y más fuerte.
Hay un mensaje que escuchamos cada vez con más frecuencia: la llamada "prioridad nacional". Se presenta como una defensa de quienes peor lo están pasando, pero en realidad propone una falsa solución.
Cuando una familia española no encuentra una vivienda asequible, cuando un joven no puede emanciparse, cuando un trabajador encadena empleos precarios o cuando un pensionista tiene dificultades para llegar a fin de mes, el problema no es que exista una familia migrante con necesidades similares. El problema es la falta de políticas públicas capaces de garantizar derechos para todos.
La prioridad nacional invita a los pobres a mirar con desconfianza a otros pobres. Convierte al vecino vulnerable en un rival. Hace creer que si una persona migrante accede a un empleo, a una ayuda o a una vivienda, alguien nacido aquí la está perdiendo. Pero esa no es la verdadera causa de la escasez.
La realidad es otra. Los problemas de acceso a la vivienda, de la precariedad laboral, de la insuficiencia de algunos servicios públicos o de los bajos salarios no se solucionan enfrentando a personas que comparten las mismas dificultades. Se solucionan construyendo más vivienda asequible, fortaleciendo la sanidad y la educación públicas, persiguiendo el fraude y la explotación laboral, mejorando los salarios y garantizando oportunidades para todos.
La respuesta no puede ser decidir quién merece derechos y quién no. La respuesta es ampliar derechos, proteger a quienes viven con mayor vulnerabilidad y construir una sociedad donde nadie tenga que progresar a costa del otro.
Como recordó el papa Francisco, no existe un "nosotros" auténtico si se construye excluyendo a otros. Y el papa León XIV ha insistido en que el bien común nunca nace de enfrentar a los más débiles, sino de reconocer que la dignidad humana pertenece por igual a todas las personas.
No necesitamos que los pobres compitan entre ellos. Necesitamos políticas que reduzcan la pobreza, venga de donde venga, porque la justicia no consiste en repartir la escasez, sino en construir un futuro con más derechos, más oportunidades y más dignidad para todos.
Los derechos humanos no son un privilegio reservado a unos pocos. Son universales. Cuando una sociedad empieza a establecer categorías de personas con más o menos derechos según su origen, se debilita el fundamento mismo de la convivencia democrática.
El papa Francisco nos recordó incansablemente que las personas migrantes deben ser acogidas, protegidas, promovidas e integradas. Nos pidió construir puentes y no muros, tender la mano y no levantar barreras.
El papa León XIV ha continuado ese mismo camino, recordando que ninguna política puede olvidar que cada ser humano posee una dignidad inviolable y que el bien común solo puede construirse desde la solidaridad, la fraternidad y el respeto a los más vulnerables.
Como ciudadanos y como defensores de los derechos humanos, no podemos aceptar discursos que enfrenten a unas personas contra otras, que conviertan al extranjero en un enemigo o que hagan creer que reconocer derechos a quienes llegan supone quitárselos a quienes ya estaban.
La historia demuestra justamente lo contrario: cuando una sociedad integra, todos ganan. Cuando protege derechos, todos avanzan. Cuando combate la exclusión, toda la comunidad se fortalece.
Por eso seguiremos reclamando políticas migratorias humanas, justas y eficaces. Políticas que ofrezcan vías legales y seguras, que persigan a quienes explotan a las personas migrantes y no a las propias víctimas, y que sitúen siempre la dignidad humana por encima del miedo, del prejuicio y del interés electoral.
Porque ninguna persona es ilegal, porque todos compartimos la misma humanidad, Y porque una sociedad que reconoce la dignidad de cada persona es una sociedad más libre, más justa y más fraterna.
Amigos, comienza nuestro TIEMPO DE SILENCIO.
MESA DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y CEUTA.
Fuente:
https://www.todos-uno.org/
Este
año, España ha dado un paso importante con la aprobación de una
regularización extraordinaria de personas extranjeras. En apenas
unas semanas, más de 1.170.000 personas han solicitado acogerse a
esta medida, una cifra que supera ampliamente las previsiones
iniciales. Más de 600.000 expedientes ya han sido admitidos a
trámite y, gracias a ello, estas personas pueden acceder a un empleo
regular y cotizar legalmente mientras se resuelve su situación
administrativa.
Los
primeros datos muestran ya los beneficios de esta decisión. Se han
producido más de 159.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social,
lo que significa más ingresos para las arcas públicas, más
estabilidad para las empresas, más protección para los trabajadores
y menos espacio para la economía sumergida y la explotación
laboral.
Regularizar
no significa abrir las puertas sin control. Significa reconocer una
realidad que ya existe. Son personas que viven entre nosotros, que
cuidan de nuestros mayores, trabajan en nuestros campos, en la
hostelería, en la construcción, en el servicio doméstico, en el
comercio o en el transporte. Personas que pagan impuestos cuando
pueden hacerlo, que consumen, alquilan viviendas, llevan a sus hijos
a la escuela y participan en la vida de nuestros barrios.
La
regularización beneficia a quienes obtienen una autorización para
vivir y trabajar con dignidad. Pero también beneficia a toda la
sociedad: aumenta la recaudación fiscal, fortalece la Seguridad
Social, reduce la competencia desleal, combate la explotación
laboral y favorece la cohesión social. Una sociedad con menos
personas obligadas a vivir en la clandestinidad es una sociedad más
segura, más justa y más fuerte.
Hay
un mensaje que escuchamos cada vez con más frecuencia: la llamada
"prioridad nacional". Se presenta como una defensa de
quienes peor lo están pasando, pero en realidad propone una falsa
solución.
Cuando
una familia española no encuentra una vivienda asequible, cuando un
joven no puede emanciparse, cuando un trabajador encadena empleos
precarios o cuando un pensionista tiene dificultades para llegar a
fin de mes, el problema no es que exista una familia migrante con
necesidades similares. El problema es la falta de políticas públicas
capaces de garantizar derechos para todos.
La
prioridad nacional invita a los pobres a mirar con desconfianza a
otros pobres. Convierte al vecino vulnerable en un rival. Hace creer
que si una persona migrante accede a un empleo, a una ayuda o a una
vivienda, alguien nacido aquí la está perdiendo. Pero esa no es la
verdadera causa de la escasez.
La
realidad es otra. Los problemas de acceso a la vivienda, de la
precariedad laboral, de la insuficiencia de algunos servicios
públicos o de los bajos salarios no se solucionan enfrentando a
personas que comparten las mismas dificultades. Se solucionan
construyendo más vivienda asequible, fortaleciendo la sanidad y la
educación públicas, persiguiendo el fraude y la explotación
laboral, mejorando los salarios y garantizando oportunidades para
todos.
La
respuesta no puede ser decidir quién merece derechos y quién no. La
respuesta es ampliar derechos, proteger a quienes viven con mayor
vulnerabilidad y construir una sociedad donde nadie tenga que
progresar a costa del otro.
Como
recordó el papa Francisco, no existe un "nosotros"
auténtico si se construye excluyendo a otros. Y el papa León XIV ha
insistido en que el bien común nunca nace de enfrentar a los más
débiles, sino de reconocer que la dignidad humana pertenece por
igual a todas las personas.
No
necesitamos que los pobres compitan entre ellos. Necesitamos
políticas que reduzcan la pobreza, venga de donde venga, porque la
justicia no consiste en repartir la escasez, sino en construir un
futuro con más derechos, más oportunidades y más dignidad para
todos.
Los
derechos humanos no son un privilegio reservado a unos pocos. Son
universales. Cuando una sociedad empieza a establecer categorías de
personas con más o menos derechos según su origen, se debilita el
fundamento mismo de la convivencia democrática.
El
papa Francisco nos recordó incansablemente que las personas
migrantes deben ser acogidas, protegidas, promovidas e integradas.
Nos pidió construir puentes y no muros, tender la mano y no levantar
barreras.
El
papa León XIV ha continuado ese mismo camino, recordando que ninguna
política puede olvidar que cada ser humano posee una dignidad
inviolable y que el bien común solo puede construirse desde la
solidaridad, la fraternidad y el respeto a los más vulnerables.
Como
ciudadanos y como defensores de los derechos humanos, no podemos
aceptar discursos que enfrenten a unas personas contra otras, que
conviertan al extranjero en un enemigo o que hagan creer que
reconocer derechos a quienes llegan supone quitárselos a quienes ya
estaban.
La
historia demuestra justamente lo contrario: cuando una sociedad
integra, todos ganan. Cuando protege derechos, todos avanzan. Cuando
combate la exclusión, toda la comunidad se fortalece.
Por
eso seguiremos reclamando políticas migratorias humanas, justas y
eficaces. Políticas que ofrezcan vías legales y seguras, que
persigan a quienes explotan a las personas migrantes y no a las
propias víctimas, y que sitúen siempre la dignidad humana por
encima del miedo, del prejuicio y del interés electoral.
Porque
ninguna persona es ilegal, porque todos compartimos la misma
humanidad, Y porque una sociedad que reconoce la dignidad de cada
persona es una sociedad más libre, más justa y más fraterna.
MESA
DIOCESANA DE ATENCION Y ACOGIDA DE MIGRANTES Y REFUGIADOS DE CÁDIZ Y
CEUTA.
Recogido
del blog "Todos Somos Uno", con la colaboración de Juan
García de Paredes.
https://www.todos-uno.org/2026/07/111-comunicado-del-circulo-de-silencio.html
https://www.todos-uno.org/2026/06/110-comunicado-circulo-de-silencio.html
https://www.todos-uno.org/2026/05/comunicado-circulo-de-silencio.html
https://www.todos-uno.org/2026/04/108-comunicado-circulo-de-silencio.html
https://www.todos-uno.org/2026/03/107-comunicado-circulo-de-silencio.html
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