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José Luis Palacios | Cada día en nuestro país, dos personas pierden la vida y 68 contraen una enfermedad en el trabajo, ante la indiferencia de las autoridades, la sociedad y unos medios de comunicación que se contentan con recoger lánguidamente el reguero de víctimas que deja este asesino silencioso.
Cada 28 de abril se celebra el día mundial de la Salud y Seguridad en el trabajo. Una ocasión que no nos deja mirar para otro lado y nos pone cara a cara con el devorador de personas y ladrón de salud que es la siniestralidad laboral.
La lacra de los accidentes de tráfico ha merecido fuertes inversiones en campañas de publicidad y políticas decididas de control y sanción. La violencia machista concita la repulsa general, muy merecidamente, y se ensayan respuestas policiales y judiciales, aunque con resultados todavía descorazonadores.
La seguridad en el trabajo tiene su propia ley. Es verdad. El pasado mes de febrero, se cumplieron 20 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Su aplicación ha servido para cambiar la cultura existente en las empresas en esta materia, pasando de la gestión del daño a la prevención. La reducción de los niveles de siniestralidad ha sido más que notable. Por lo menos hasta el año 2012, momento en que los accidentes en el trabajo comenzaron a repuntar.
La crisis y las sucesivas reformas laborales, según los expertos, han tenido mucho que ver en el aumento de la siniestralidad. A falta del cierre oficial de la estadística por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad social, el año pasado se registraron 608 accidentes laborales mortales, 28 más que el año anterior. De ellos, 500 se produjeron en plena jornada laboral, 33 más que en 2014.
Los datos hacen pensar al secretario de Salud Laboral de CCOO Pedro José Linares, que se ha tomado la prevención como un «lujo de otra época, cuando creíamos que éramos ricos». Algo está cambiando, y no precisamente para mejor. «En la industria donde tradicionalmente estaban las empresas grandes, donde hay presencia sindical y comités de seguridad, en el último año ha habido un incremento del 45% de accidentes. Creemos que está cambiando el modelo de empleo, está desapareciendo el trabajador indefinido que conocía bien su puesto y los procesos», añade.
Aquí es donde entran en juego «las distintas reformas laborales», que en opinión de Linares, «han aumentado la unilateralidad de los empresarios que acaba exponiendo más al trabajador, por el incremento de la presión sobre la actividad y la modificación de las propias tareas».
Desde la secretaría de Salud Laboral de UGT, que acaba de celebrar su congreso confederal, también se señalan los cambios en la legislación laboral como un factor que ha incrementado los riesgos para los trabajadores y trabajadoras. «La precariedad se ha identificado como un elemento de riesgo para la salud», comentan fuentes de la UGT. «La rotación y la temporalidad se usan como excusa para hurtar la formación y la información sobre prevención de riesgos en el trabajo», completa Linares.
Tampoco las mutuas han ayudado mucho, señala la responsable de este área de USO, Sara García «la nueva ley de mutuas y especialmente la regulación de la incapacidad temporal están pensadas para ahorrar costes, no para garantizar la salud de los trabajadores». Es más, convertir el absentismo justificado en causa de despido objetivo, «está obligando a muchas personas a ir al trabajo enfermas, con lo que no solo ponen en riesgo su salud, sino también la de los demás».
Las empresas han vuelto a considerar la prevención como un coste, aunque según estudios de UGT, por cada euro invertido en seguridad se generan dos de beneficio, y la administración ha relajado su empeño en combatir la siniestralidad, como demuestra el hecho de que hasta el año pasado no se firmó la estrategia preventiva con las Comunidades Autónomas y la Inspección de Trabajo ha priorizado la lucha contra el fraude en la contratación.
Con unas relaciones laborales marcadas por el miedo a perder el puesto de trabajo, los delegados de prevención tampoco lo tienen fácil. «En las pequeñas empresas a veces se le echa la culpa al delegado por los despidos de personal. Este denuncia, con la consiguiente multa o la inversión para subsanar las irregularidades, y el empresario dice que ha tenido gastos imprevistos y tiene que echar a gente», comenta García.
«O se hacen muchos esfuerzos o estamos abocados a la falta de control de los riesgos en el trabajo», opina Linares para quien es necesario impulsar «políticas públicas que hagan que la salud sea igual de importante para todos y no dependa de las condiciones contractuales de cada trabajador».
«Es necesaria la colaboración de todos, sin exclusiones institucionales, porque esto nos afecta a todos y es la manera de abrir el debate social», insiste García, para quien «hacen falta más medios para que la prevención no se quede en el papel». De lo contrario, ese asesino que no parece preocupar lo suficiente, seguirá cobrándose la vida y la salud de las personas trabajadoras.
Atacar con fuerza la siniestralidad
Coincidiendo con la CSI y con CES, los sindicatos reivindican el desarrollo normativo, de las normas internacionales para adecuarlas a la situación actual, especialmente la directiva europea de cancerígenos y enfermedades musculoesqueléticas, con el objetivo de que las enfermedades profesionales sean debidamente reconocidas.En Europa, hay fuertes presiones para desvirtuar la legislación y reducir lo que algunos consideran cargas administrativas que lastran la competitividad con otros polos económicos. De ahí que los sindicatos europeos reclamen leyes, controles y sindicatos fuertes que puedan hacer frente los riesgos para la salud y la misma vida derivados de la actual organización del trabajo.
La salud mental en el trabajo
En todo el mundo, cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo y 153 trabajadores tienen un accidente laboral. El coste de esta lacra va mucho más allá del 4% del PIB global que se estima suponen las malas prácticas en seguridad y salud laboral.Las reestructuraciones y cambios en la organización del trabajo, generados por la recesión económica, se traducen en menos oportunidades laborales, aumento del trabajo precario, miedo a perder el empleo, despidos masivos y desempleo, lo que conlleva graves consecuencias para la salud mental y bienestar. La competitividad, las altas expectativas sobre el rendimiento y las largas horas de trabajo contribuyen a que los ambientes de los lugares de trabajo sean cada vez más estresantes. El lugar de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo el lugar idóneo para tratarlos y proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. De ahí que la Organización Internacional del Trabajo dedique este 28 de abril a señalar el estrés como un reto colectivo.
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