Este informe se presentó en la Jornada sobre Socio-economía del bien común: Plan para la Bahía de Cádiz, en la que participaron distintos colectivos, expertos y profesionales preocupados por dar una orientación eficaz a la actividad socio-económica de la bahía gaditana, para que pueda salir de la postración y situación de emergencia en que se encuentra.
SITUACIÓN SOCIAL DE LA BAHÍA
Y PROVINCIA DE CÁDIZ.
1.-INTRODUCCIÓN.
Hablar de la situación social y económica de Cádiz y su provincia nos obligaría a remontarnos unos años atrás en la historia de esta tierra, pero no es éste el objetivo del informe que presentamos, cuya finalidad no es otra que servir de punto de partida para la realización del Plan sobre la socio-economía del bien común de la Bahía de Cádiz.
Sin embargo, no podemos obviar que Cádiz ha padecido seis reconversiones industriales desde los años ochenta hasta nuestros días.
Tales procesos han ido desarticulando el tejido social gaditano en general y del mundo obrero, en particular.
Miles de trabajadores fueron prejubilados en estos años con los pretextos de enfermedad, invalidez, topes ficticios de edad laboral y falta de rentabilidad del sector industrial; y otros muchos de las contratas y subcontratas, que subsistían al calor de las factorías y empresas principales, se vieron abocados a un paro cruel y despiadado, con el consiguiente y grave perjuicio para los trabajadores y sus familias.
Nuestra tierra ha sido, pues, “un enfermo convulso”, víctima de sucesivas crisis, con las que ha convivido la ciudadanía, unas veces con resignación y otras con espíritu de lucha y reivindicación.
Los numerosos conflictos de Astilleros y Bazán en Cádiz, Puerto Real y San Fernando; Tabacalera, Delphi y otros tantos en pequeñas y medianas empresas y servicios fueron necesarios para dejar en pie algunas factorías, pero no pudieron impedir que, por arbitrarias decisiones de gobiernos sometidos al dictado de los mercados y del capital especulativo, fueran masivamente al desempleo miles de trabajadores y trabajadoras, empobreciéndose enormemente la vida económica y social del mundo del trabajo gaditano y de sus familias.
¡Qué sorpresas nos llevaríamos si pudiéramos evaluar lo que much@s gaditan@s se han visto obligados a sufrir con la ininterrumpida destrucción de empleo durante la segunda mitad del siglo XX y los años transcurridos del XXI!
Un estudio realizado en 2004 para celebrar el décimo aniversario de la Acampada del 0,7, realizada en los jardines de Canalejas, demostraba que en esos diez años el cierre de empresas y la destrucción de empleo mantenían la misma tónica, pero aumentaba conforme había transcurrido el tiempo.
Basta darse una vuelta por Cádiz para ver el número de locales cerrados, que en su día albergaron negocios florecientes y productivas empresas.
Y si tiramos de las hemerotecas podremos hacer una sencilla estadística de las plataformas de parados de vida efímera, aunque contundentes en sus acciones, que han proliferado en Cádiz.
Como culmen de todo lo ocurrido y sufrido por esta provincia, nos encontramos ahora envueltos en una profunda crisis económica y financiera de incalculables consecuencias, algunas de las cuales estamos constatando por la significativa ayuda de Cáritas a un número cada vez mayor de familias.
Es verdad que los voceros del sistema nos vienen diciendo que estamos saliendo de esta crítica situación, pero lo cierto es que los resultados positivos en la disminución del paro, crecimiento del empleo y poder adquisitivo de las familias son, a todas luces insuficientes, y no vienen a restañar las profundas heridas que los recortes y la corrupción han provocado en el tejido de nuestra sociedad.
Hemos de destacar, sin embargo, que hombres y mujeres pertenecientes a distintos movimientos sociales, coaliciones, agrupaciones de unidad popular y grupos alternativos mantienen un firme compromiso por los derechos sociales y las personas más desfavorecidas.
2.-ALGUNOS DATOS
2.1.- EL PARO Y EL EMPLEO.
El paro es la constante transversal que implica y complica toda la vida económica y social de una comunidad, de aquí que, conforme aumentan sus índices, empeora el nivel de vida de las personas y las familias, y obliga a los especialistas a prestar una especial atención a su evolución. También nosotros le hemos dedicado un breve espacio como pórtico al estudio social que se nos ha encomendado, utilizando estadísticas recientes, aun sabiendo que todo cálculo es frío si no le ponemos rostros a las personas que sufren los desgarros socio-económicos del sistema. A pesar de todo, los números nos sirven para comprender de forma analítica y, a la vez global, la inquietante e injusta situación que vivimos.
Con fecha de 2 de septiembre, el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) publicó los datos del paro del mes de agosto, en los que se constata que 174.100 personas están paradas en nuestra provincia. El ascenso del turismo y la campaña de la vendimia han permitido que sea mayor la duración del trabajo eventual, disminuyendo en 972 el número de parad@s respecto al mes anterior; 1900 menos que en enero pasado y 5.441 menos que en agosto de 2014. Estos datos, que han levantado el ánimo de algunos sectores políticos y económicos interesados, son a todas luces insuficientes pues la cifra global canta todavía el drama de tantas personas que se ven sin medios para vivir dignamente, ellas y sus familias. Precisamente, en ese núcleo de parad@s radica la pobreza y exclusión social que se ha extendido por el país y, más concretamente, por nuestra tierra. Además, el trabajo que se crea es temporal (371.283 puestos de trabajo, de enero a agosto de 2015, un 96,33% de temporalidad) y precario, con sueldos bajísimos, de escasa duración, en condiciones laborales deficientes y, a veces, extremas. Por la precariedad laboral much@s trabajador@s gaditan@s han entrado a formar parte del numeroso ejército de las personas pobres, y bastantes rozan o han caído ya en la exclusión social.
Por si fuera poco, hoy, día 7 de septiembre, cuando se termina este informe, CC.OO., acaba de denunciar que Cádiz se encuentra entre las diez provincias con más siniestralidad, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con un aumento de los accidentes laborales en 11,37% respecto al mismo período de 2014. El sindicato considera que este alto índice de siniestralidad se debe, entre otras causas, a la falta de inspectores de trabajo – uno por cada dos mil trabajadore@s- y a la precariedad laboral, calificando al mercado de trabajo de “victimario”, ya que no es concebible que con el paro existente en la provincia de Cádiz sea una de las que sufre mayor siniestralidad laboral.
La población inmigrante sufre también los efectos de la temporalidad precariedad en el trabajo, pues se ve abocada a la venta ambulante; algunos de sus miembros trabajan en el sector servicio o están en paro.
Por otra parte, aunque ha mejorado algo el empleo juvenil-todavía hay casi un 70% de paro en Andalucía- no podemos dejar de reconocer que es también el señuelo para la contratación en precario de tantos jóvenes que no ganan para vivir y son explotados, obligándolos a cumplir horarios de trabajo de diez y doce horas, en condiciones verdaderamente agobiantes. A cambio de no aceptar tales condiciones, ya se sabe, la calle para correr, porque hay otros muchos esperando detrás, como dice una expresión popular.
Ante este panorama, no es difícil comprender la situación que vamos a describir a continuación en los distintos sectores de la vida social gaditana sabiendo además que el problema se va a quedar con nosotros para rato ya que el paro es un fenómeno estructural, generado por el sistema capitalista neoliberal y que las crisis en Cádiz son sistémicas y permanentes. Habría que dar un giro a la estructura económica, cambiando el sistema productivo, eliminando la reforma laboral vigente y enfriando la fuerte “financiarización”- vaya palabreja- a la que está sometida la economía. Cádiz necesita de un profundo cambio que ataje la situación en que se encuentra la bahía y provincia, y el plan de socio-economía del bien común para la Bahía que se está elaborando puede ser una eficaz respuesta al problema que se plantea.
Si queremos realmente un cambio en la vida del trabajo y las relaciones laborales, hemos de esforzarnos en dar algunas pistas de actuación; aquí damos, modestamente, las que nos parecen más oportunas, sin ánimo de ser exhaustivos:
1.- Diagnosticar de forma realista las posibilidades económicas y laborales de los municipios de la Bahía de Cádiz.
2.- Reforzar la industria de la zona, principalmente el sector naval, cuidando las cargas de trabajo en las distintas factorías de la Bahía, buscando, además, nuevas alternativas industriales, en el caso de crisis de este sector, que permitieran la estabilidad de las plantillas.
3.- Llevar a cabo un plan de choque inmediato- tal como piden los sindicatos- creando las infraestructuras de transporte y productivas necesarias que potencien el intercambio de mercancías y la riqueza en la zona. En esta línea es fundamental la eliminación del peaje de la autopista Cádiz- Sevilla. Reclamar la línea ferroviaria: Algeciras- Cádiz que una las dos bahías y el corredor mediterráneo, facilitando el tránsito de personas y mercancías. Llevar a cabo los desdobles y duplicaciones pendientes de carreteras, accesos y autovías, necesarios para mejorar las comunicaciones y crear empleo por inversiones en infraestructuras.
4.- Pedir la colaboración y comprometer a todas las administraciones para disminuir drásticamente el paro y erradicarlo en la provincia y, más concretamente, en la bahía gaditana. Hay que conseguir que las administraciones contraigan el compromiso de resolver, en la medida de sus posibilidades, el problema del paro en Cádiz.
5.- Establecer una mesa de diálogo para cambiar la reforma laboral actual.
6.- Aplicar sin paliativos la Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo, exigiendo a la Administración andaluza el aumento de la plantilla de inspectores, al menos, en un 50% más, para adecuarla la media europea.
7.- Pedir a los ayuntamientos que utilicen todos los cauces en la creación del empleo y la formación que les proporcionen la Junta de Andalucía y el Gobierno del Estado.
8.- Potenciar las empresa de inserción laboral, el cooperativismo de nuevo cuño, el trabajo autónomo y las pequeñas y medianas empresas reclamando de las administraciones subvenciones para el inicio y el sostenimiento -en algunos casos- de tales iniciativas.
9.- Explotar todas las potencialidades de la Zona Franca de Cádiz.
10.-Volver de nuevo al mar, potenciando el puerto de Cádiz, en todas sus posibilidades: turísticas y comerciales creando las infraestructuras necesarias.
11.- Promocionar el turismo urbano y rural, respetando el medio ambiente.
12.- Facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral en las actividades que se programen y asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.
2.2.- LA POBREZA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
El último informe FOESSA de Cáritas verifica que la pobreza y la exclusión social han aumentado en los últimos años, efectos de las políticas gubernamentales para hacer frente a la crisis económica y financiera originada por el mismo sistema financiero, el paro laboral que no cesa, la falta de vivienda y los problemas económicos y de las familias.
Así el 24% de la población de la provincia de Cádiz, una de cada cuatro personas, se halla en exclusión social, unas 297.000 personas y más de 100.000 hogares.
Como se puede comprobar, son cifras muy importantes porque los problemas de exclusión, en los que intervienen la falta de vivienda y el desempleo son los que más afectan a la sociedad gaditana.
Por otra parte, solo 1 de cada 5 hogares no están afectados por cualquier rasgo de exclusión social; es decir gozan de integración plena, un índice muy por debajo en relación con el de España. Sólo el 20% de la población está libre de esta lacra.
Esta situación de precariedad y pobreza determina según el informe que 2 de cada 3 familias atendidas por Cáritas en la provincia de Cádiz no puedan hacer frente a los pagos de vivienda, agua, electricidad, gas y arreglos necesarios en sus casas.
Como consecuencia del estado de cosas en el que nos encontramos, aumenta sin cesar la demanda de prestaciones y ayudas de los servicios sociales y comunitarios.
Por todas razones, vemos la necesidad de que se implementen propuestas de acción como:
1.- Una mayor implicación de los ayuntamientos, servicios de ámbito municipal y comunidad autónoma que garanticen el sistema público de servicios sociales. Además, que tales servicios no se externalicen, se vuelvan a municipalizar los que se pueda, y los que no, se sometan a controles rigurosos para que cumplan con equidad y transparencia su misión.
2.- Que se exija y apruebe con carácter de urgencia una nueva Ley de Servicios Sociales.
3.- Que se apruebe de una vez por todas la Ley de regulación de la Renta Básica.
4.- Que se dote a los servicios municipales de personal suficiente para atender dignamente a las personas afectadas por la falta de necesidades básicas, pobreza y exclusión social.
5.- Que se exija a los servicios sociales mayor transparencia haciendo públicos los criterios de adjudicación de prestaciones y ayudas, allí donde no haya habido la información suficiente a la ciudadanía.
6.- Potenciar los servicios sociales comunitarios.
7.- Prestar especial a las personas afectadas de toxicomanías, principalmente a los jóvenes varones de los barrios ignorados.
8.- Afianzar los centros de atención a la mujer y la información y asesoramiento laboral, social, cultural y educativo a inmigrantes.
9.- Que se considere a Cádiz y a los municipios de la provincia en grave situación social y económica como zona de emergencia, en la que se apliquen planes de actuación integral a las familias afectadas.
10.- Asegurar una alimentación adecuada, atendiendo a las necesidades alimentarias básicas de las poblaciones más perjudicadas por problemas económicos y sociales, garantizando, además, desayunos y comidas de mediodía para niños y niñas en los meses de verano en los que no funcionan los servicios escolares.
2.3.-LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CÁDIZ.
APDHA la considera de “alarmante”, en el documento que publicó esta asociación en mayo del presente año, titulado: “Un municipio respetuoso de los derechos humanos”.
Ciertamente, aporta datos que confirman su juicio: 3984 personas demandantes de vivienda, 675 infraviviendas en 101 fincas, que afectan a unas 400 familias. Hay unas 140 personas que viven en la calle y 20 barriadas sociales con problemas de accesibilidad.
Contrasta esta situación con las 6866 viviendas vacías y 128 fincas vacías públicas y privadas.
Aportamos aquí algunas propuestas para luchar contra la pobreza energética y social y el grave problema de la falta de viviendas en Cádiz y Bahía:
1.- Elaboración participativa de los planes municipales de vivienda, que garanticen el acceso a una vivienda digna, principalmente a las personas con medios económicos escasos y/o en riesgo de exclusión social.
2.- Fomentar el acceso al alquiler, garantizando las subvenciones al pago del mismo, mediante la aprobación de ordenanzas municipales que vayan en esta dirección.
3.- Activar protocolos en los municipios que eviten los desahucios. Para ellos gestionar con bancos, propietarios, entidades públicas y juzgados, diversas posibilidades tendentes a un uso social de las viviendas y conceder ayudas a los afectados para que puedan hacer frente a los pagos.
4.- Trabajar desde los municipios y la comunidad autónoma a fin de erradicar la infravivienda, concediendo ayudas para su eliminación, que han de estar reguladas por ordenanzas municipales.
5.- Hacer un censo de viviendas vacías. Aprobar ordenanzas municipales que obliguen a los bancos a poner en uso las viviendas no habitadas para acceso de los demandantes.
6.- No cortar el agua y la luz a los domicilios si la situación económica de la familia no le permite el pago.
7.- Crear bonos sociales teniendo en cuenta la distinta situación económica de los usuarios (pensionistas, familias numerosas, personas en paro laboral).
8.- Implementar sistemas de fraccionamiento o aplazamiento del pago de intereses.
9.- No aumentar el canon de mejora del agua, anulando el pleno que lo aprobó durante el gobierno municipal del PP.
10.- Regulación de subvenciones que permitan a los usuarios conocer cuándo pueden acceder a las ayudas, con el fin de impedir criterios arbitrarios o que las personas damnificadas tengan que ir de institución en institución solicitando las ayudas.
11.- Mantener la propiedad, conservar y poner al servicio de demandantes con necesidades económicas las viviendas municipales.
2.4.- LA EDUCACIÓN.
En 2014, la OCDE elaboró un informe que arrojaba los siguientes datos sobre nuestra demarcación:
El 54,71% de la población sólo ha realizado estudios básicos y el 19,83%, estudios superiores.
En la banda de edad entre los 15 y los 19 años, uno de cuatro chicos y chicas ni estudia ni trabaja.
Entre 25 y 65, la mitad no ha finalizado el bachillerato.
Entre 25 y 34 años, el 36% de los jóvenes ha dejado los estudios antes de los 16 años.
Si se considera la formación como requisito importante para la consecución de un trabajo, y de calidad, se explica el alto índice de paro en nuestra zona, de los más altos de Europa.
Por estas cifras, se advierte, además, el elevado número de personas que no ha alcanzado un nivel suficiente de instrucción y formación por realizar sólo estudios primarios o no terminar la secundaria o el bachillerato.
Comprobamos con inquietud que no hay políticas dirigidas a este sector de la población, que les permita nivelar sus conocimientos, habilidades y aptitudes con el resto de la población que sí ha alcanzado un nivel aceptable o alto de formación académica y/o profesional.
La consecuencia es clara: o están en paro o desarrollan trabajos de poca cualificación y en precario.
Consideramos que la Universidad de Cádiz debería ser unos de los motores del despegue de Cádiz y su entorno, conectándose más a la realidad socio-económica de la zona y buscando alternativas que favorezcan nuestra riqueza y desarrollo. De hecho, la institución académica está llevando a cabo planes orientados a los objetivos que aquí enunciamos, pero los recortes han puesto en peligro o han dado al traste con algunos de los proyectos que venían haciéndose realidad.
Por consiguiente, si los niños y los jóvenes son la mejor inversión social que podemos hacer con vistas al futuro, no podemos consentir que se sigan dando estas estadísticas, claro exponente de la postración social y laboral de la provincia de Cádiz. La cultura y la educación son elementos fundamentales en la humanización y progreso de nuestra sociedad. Por ello, proponemos modestamente estas propuestas de acción:
1.- Poner en marcha escuelas infantiles de 0 a 3 años. Potenciar la creación y funcionamiento de las escuelas infantiles públicas.
2.- Diversificar las enseñanzas para que aquellas personas que han abandonado prematuramente el sistema reglado de enseñanza puedan verse beneficiados con programas de educación compensatoria en barriadas deprimidas y planes formativos y sociales adaptados a sus motivaciones y necesidades. Crear donde nos los haya programas específicos y mejorar los existentes, dentro de la red educativa andaluza, para niños y niñas superdotad@s. Debemos favorecer un sistema educativo equilibrado, adecuado a las necesidades del alumnado y abierto a las potencialidades de nuestra gente.
3.- Prevenir el absentismo escolar haciendo frente a las causas educativas, sociales y familiares que lo favorecen.
4.- Llevar a cabo políticas de ayuda al estudio (becas, libros, pago de desplazamientos) para el alumnado de familias menos pudientes o con necesidades básicas.
5.- Potenciar programas municipales de educación (igualdad de género, identidad personal, paz y solidaridad, ecología, etc.).
6.- Coordinación de los consejos escolares municipales con AMPAS y centros educativos. Apertura de los centros a las barriadas donde están ubicados.
7.- Jornadas y cursos para la actualización y dignificación de la labor docente.
8.- Involucrar a la enseñanza concertada en planes generales de actuación educativa en los municipios, pues, al estar subvencionados con fondos públicos deben prestar servicios de apoyo en la comunidad educativa de su zona.
9.- Potenciar la Formación Profesional, convirtiéndola en una opción de calidad para el alumnado. Aumentar la oferta de ciclos formativos, de acuerdo con las necesidades de los municipios.
10.- Evitar la burocracia innecesaria en los centros, que resulta ser una pesada carga para el personal docente, restándole tiempo en su tarea educativa.
2.5.- SALUD, MENORES Y MAYORES.
Se advierte un grave deterioro de los servicios públicos de salud a consecuencia de los recortes y la vulnerabilidad laboral a que están sometidos l@s trabajador@s del sector.
La falta de personal en todas las especialidades sanitarias y no sanitarias, la no provisión de sustituciones por vacaciones del personal, el cierre de habitaciones, con la consiguiente reducción de camas, los problemas de higiene por disminución de gastos en productos de limpieza y de desinfección, el estado lamentable de algunas instalaciones afectadas por algunos de los problemas citados anteriormente, la deficiente atención a los pacientes oncológicos y afectados de hepatitis C y la congestión de los servicios de urgencia, provocando interminables esperas de los pacientes y familiares, son, entre otras, las deficiencias que los sindicatos Autonomía Obrera y CGT han venido denunciando ante la ciudadanía.
Se puede decir que los recortes han afectado duramente al normal desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, de forma muy acentuada a nivel general, por la política del PP, que ha llevado a una drástica disminución de las ayudas, tanto en costes, servicios a domicilio, como en la reducción de horarios de atención a los dependientes.
En Andalucía, ha sido menos, pero también se ha notado por estas incidencias.
Se ha dado el caso de que parejas de ancianos, con las ayudas concedidas, fallecieron antes de recibirlas, debido al extraordinario retraso burocrático de la Administración andaluza.
Hemos de tener en cuenta que la población envejece cada vez más por las expectativas de vida, y son también más las personas que, con diversas discapacidades se encuentran necesitadas de atención primaria.
En Cádiz se da una real necesidad de residencias para mayores, por lo que resulta sorprendente que la última residencia construida en la capital con fondos públicos- “Micaela Aramburu” haya sido cedida para su gestión a una empresa privada, que ha establecido un verdadero negocio, fijando precios prohibitivos para las clases populares a 1500 y 1900 euros.
Por estos motivos, la Asamblea de San Mateo-15M ha venido denunciando esta situación con concentraciones, entrega de 2893 firmas en el Ayuntamiento y comunicados a los medios.
Aunque hay una cierta invisibilidad hacia los menores, está muy claro que todas estas deficiencias que venimos describiendo tienen que afectarle de alguna manera.
Ellos participan de las necesidades y sufrimiento de los adultos, pero de manera muy especial, pues sólo el tiempo dirá de qué forma afectarán a su salud y personalidad, cuando alcancen un grado de mayor comprensión de los problemas, pensados retrospectivamente.
Como una película pasarán por su mente: el paro de sus padres, la pobreza, la falta de calidad de vida, la infravivienda, los malos tratos o los efectos de una educación deficiente, entre otras lacras.
Por estas razones, la atención a los pequeños ha de ser prioritaria en todo plan que se precie de humanitario y social.
Propuestas de acción en estas áreas:
1.- Mejora de la sanidad pública en servicios, atención a los pacientes, provisión de plazas suficientes para profesionales sanitarios, provisión puntual de sustituciones incremento de los recursos materiales: partidas, higiene, número de camas, diligencia en las urgencias y especialidades.
2.- Puesta en marcha de los Consejos de Salud de barrios, con el fin de diagnosticar las necesidades sanitarias de éstos y poner los medios urgentes y adecuados.
3.- Abogar por una atención especial y rigurosa a los menores, estudiando las problemáticas de las familias (conflictos de pareja, desestructuración familiar por el paro, la pobreza, exclusión social, bajos niveles de formación, malos tratos, abandono, etc.), ante las cuales las administraciones deben responder con celeridad y acierto, mediante ayudas económicas familiares, atención psicológica de los servicios especializados, acogida en familias especializadas para esta función, intervención social decidida en casos en que la integridad física y/o mental del menor esté en peligro de deterioro, protegiendo sus derechos con persona.
4.- Acondicionar las viviendas para mayores, librándolos de los efectos nocivos de la infravivienda, mediante la rehabilitación de los pisos.
5.- Potenciar los centros y hospitales de día, servicios de ayuda a domicilio, teniendo en cuenta, en primer lugar, a l@s ancian@s con escasos recursos económicos y sociales.
6.- Prestar especial atención a la Ley de Dependencia, exigiendo que la selección y adjudicación de ayudas a domicilio se hagan con prontitud; se aumenten las prestaciones y no se limite el número de personas beneficiarias, que han de ser aquellas que carezcan de recursos para que sean atendidas debidamente.
7.- Revertir la Residencia del Mayor “Micaela Aramburu” al sector público, con una concertación inmediata a la Junta de Andalucía de al menos el 80% de las plazas residenciales, que permita el acceso a ellas a personas de bajos recursos económicos o en situación de pobreza, hecho que, hasta ahora, no se puede dar por los altísimos precios que tiene fijados la actual empresa.
2.6.- LAS PERSONAS SIN HOGAR.
En Cádiz, hay unas 140 personas sin hogar, entre nativos, procedentes de otras comunidades autónomas del Estado y extranjeros.
En la calle, son atendidos por asociaciones como “Calor en la noche, “Despertares”, Cruz Roja, Cofradía de La Columna, etc. Luz y Sal, de Cáritas, acoge a las personas sin techo, mediante planes de recuperación e integración, en un centro de día. Virgen Poderosa y Virgen de Valvanuz dan comidas o cenas.
Funcionan a demás dos albergues, el de Caballeros Hospitalarios, con capacidad para 15 plazas y el albergue municipal que puede acoger a unas 20 personas, ampliándose el cupo a 27 en los días de invierno.
La cobertura es a todas luces insuficiente pues ya hemos dicho que en Cádiz hay unas 140 personas durmiendo en la calle.
Los voluntarios y voluntarias de calle se coordinan con la trabajadora social de Luz y Sal y llevan a cabo, en estos momentos, un plan individualizado de atención a los sin techo, en lo que respecta a la salud física y mental, alimentación, vestuario, documentación acreditativa y oficial, etc.
Ha funcionado además una mesa de inclusión social, formada por distintas asociaciones y auspiciada por el Ayuntamiento, que apenas ha echado a andar, no ha sabido coordinar las distintas iniciativas y experiencias, por ser muy dependiente del ritmo marcado por el equipo de Gobierno municipal anterior y se ha movido, por tanto, con lentitud.
En otro plano, APDHA, Cáritas, el Grupo Cristiano de Reflexión y Acción, Cruz Roja y las asociaciones que visitan en la calle a los afectados han denunciado la falta de medios materiales y humanos para atender a estas personas y las muertes habidas en estos años en distintas plazas y espacios abandonados de la ciudad de Cádiz.
De acuerdo con el análisis anterior, se proponen las siguientes actuaciones:
1.- Un operativo como medida de urgencia, para poner en marcha de manera inmediata espacios que protejan a los sin techo de las inclemencias del otoño y del invierno. Se sabe que en Cádiz hay muchas viviendas y locales disponibles- privados, de la Iglesia-y algunos públicos, que se podrían adecuar a las necesidades de estas personas. Para esta tarea, haría falta una infraestructura mínima de personal y personal voluntario.
2.- Localizar dos espacios- uno en el casco antiguo y otro en Puerta de Tierra-, donde se le pueda dar cobijo a las personas que lo demanden, pues es conocido que no todas van a aceptar este régimen de vida. Tendrían carácter de pisos tutelados u hogares, abiertos las veinticuatro horas, atendidos por personal voluntario y contratado.
3.- Aumentar las dotaciones públicas del Ayuntamiento, Junta e iniciativa privada.
4.- Elaborar un protocolo que detalle, en la medida de lo posible, las actuaciones necesarias para ir avanzando en la atención, protección y promoción de las personas sin hogar.
5.- Cuidar la salud física y mental de estos destinatarios, muy deteriorada por la estancia en la calle, en lugares insalubres, por la dependencia del consumo de toxicomanías y falta de cuidados médicos periódicos.
6.- Dignificar a estas personas, sin discriminación en las distintas situaciones en que han de ser atendidos.
7.- Ampliar y fortalecer en donde los haya planes de recuperación, integración y promoción, para los que se necesita recursos materiales y personal especializado.
FUENTES:
1.- “Un municipio respetuoso con los derechos humanos”. APDHA. Cádiz 2015.
2.- Informe FOESSA, de Cáritas.
3.- Campaña- Cádiz-Pacto por el empleo PSOE, UGT y CCOO: Plan de choque. 2014
4.- Prensa y digital local de 3 de septiembre: Información sobre los datos del paro de la SEPE de agosto de 2015 y de 7 del mismo mes sobre accidentes laborales en la provincia de Cádiz.
5.- ¡Es la hora de las infraestructuras! 2003-2004. CC.OO., Diputación de Cádiz y UGT. Es un documento de hace unos años, con mapas del proyecto de infraestructuras en la provincia de Cádiz, algunas de las cuales están todavía pendientes de realización.
6.- Contenidos del Gesto de la HOAC de Andalucía: “La persona es lo primero” Derechos Sociales, un deber de justicia”.
7.- Plataforma reivindicativa de la Asamblea 15M- San Mateo sobre el suministro de luz y agua en Cádiz y Residencia del Mayor.
8.- Charla sobre la problemática de las personas sin hogar dada al Grupo Cristiano de Reflexión y Acción por María José Romero Ruiz, trabajadora social de “Luz y Sal” y técnico de Cáritas
9.- Reflexiones del Grupo Cristiano de Reflexión y Acción.
10.- Medidas de urgencia para actuación municipal, consensuadas por Cádiz si se puede y Ganar
Cádiz en Común.
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