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Autor: Paco González
Fuente: LA VOZ DIGITAL
Ésta es la respuesta que más o menos reciben los albañiles de nuestra ciudad cuando piden trabajo a los empresarios o instituciones oficiales. La justificación de tal respuesta no es menos contundente: "los trabajadores gaditanos carecen de formación". Es de dominio público que tal afirmación no es nueva, pues ya en los años noventa se levantaban voces reclamando la organización de cursos de fresa y torno, entre otras especialidades. Además, se reconocía en los medios académicos y laborales que la formación profesional no venía respondiendo a las necesidades sociales y económicas de la época. El anterior sistema de enseñanza profesional se había ido en su mejor momento, tras superar, no con poco problemas, el cometido que se le había asignado de ser bolsa de reciclaje para el alumnado que no conseguía aprobar el bachillerato.
Con posterioridad a esas fechas, la falta de previsión en proporcionar una formación laboral no reglada y eficaz, llevó a que un número considerable de gaditanos no pudieran cualificarse, y que, en consecuencia, hubiera necesidad de mano de obra de fuera. En principio, recurrir a estos trabajadores no parecía negativo, pero demostraba la carencia de soluciones a un problema cuyos efectos se reflejan hoy en el hecho de que no se dé entre nuestros trabajadores la suficiente cualificación para ejercer determinados trabajos. No ocurre así en el sector de construcción y obras, ya que albañiles de Cádiz han estado trabajando en localidades de la provincia, e incluso fuera de ella, dándose un caso reciente de despidos en una empresa con sede social en una población próxima a Cádiz, y más tarde, contratada en la capital con obreros procedentes de la localidad de origen, ante el estupor de los despedidos.
No obstante, la puesta en marcha de los planes de Fomento del empleo, promovidos con dinero público de las distintas administraciones, sólo tres trabajadores gaditanos de un total de cien han sido contratados en el Plan Proteja. Unos conocidos se han desplazado en busca de trabajo por las distintas obras de las que se realizan en Cádiz, sin resultado positivo. Su pesimismo ha ido en aumento al enterarse de que los fondos del Plan Menta se han acabado. Han podido constatar que en las obras del segundo puente no se contrata a gaditanos, y, por último, que la selección que realiza el INEM es un misterio, pues siempre trabajan los mismos en determinadas obras, algunas de iniciativa municipal. Es explicable, por tanto, aunque pueda no ser entendida, la reclamación que, en estos días, hacen los miembros de la Plataforma de Parados de que el 50% de los puestos de trabajo en obras sean ocupados por gaditanos. La petición puede pecar de localista, y plantea un problema delicado, pero no se la puede tildar de racista, tal como ha sido calificada por instancias políticas y ciudadanas. Cuando no se ha perdido el puesto de trabajo por efecto de la crisis o por la endémica situación de debilidad económica que caracteriza a Cádiz, es fácil apelar a la igualdad ciudadana en la contratación. Parece que no se tiene en cuenta el efecto perverso que supone que la libre competencia del mercado favorezca a poblaciones con una estructura empresarial más dinámica. Si no se introducen medidas correctoras en el sistema de contratación, se estará cometiendo una manifiesta injusticia para con los gaditanos. Ante la situación que se describe, cabe preguntar: ¿tan difícil es dar trabajo a estos desempleados en los distintos planes de fomento del empleo que se llevan a cabo en nuestra ciudad? ¿Tan complicado es que los Ayuntamientos lleguen a acuerdos en la contratación obligatoria de trabajadores nativos, en la proporción que se considere oportuna para no lesionar el derecho de todo trabajador/a a elegir su puesto de trabajo allí donde quiera y pueda?
El debate está servido.
Con posterioridad a esas fechas, la falta de previsión en proporcionar una formación laboral no reglada y eficaz, llevó a que un número considerable de gaditanos no pudieran cualificarse, y que, en consecuencia, hubiera necesidad de mano de obra de fuera. En principio, recurrir a estos trabajadores no parecía negativo, pero demostraba la carencia de soluciones a un problema cuyos efectos se reflejan hoy en el hecho de que no se dé entre nuestros trabajadores la suficiente cualificación para ejercer determinados trabajos. No ocurre así en el sector de construcción y obras, ya que albañiles de Cádiz han estado trabajando en localidades de la provincia, e incluso fuera de ella, dándose un caso reciente de despidos en una empresa con sede social en una población próxima a Cádiz, y más tarde, contratada en la capital con obreros procedentes de la localidad de origen, ante el estupor de los despedidos.
No obstante, la puesta en marcha de los planes de Fomento del empleo, promovidos con dinero público de las distintas administraciones, sólo tres trabajadores gaditanos de un total de cien han sido contratados en el Plan Proteja. Unos conocidos se han desplazado en busca de trabajo por las distintas obras de las que se realizan en Cádiz, sin resultado positivo. Su pesimismo ha ido en aumento al enterarse de que los fondos del Plan Menta se han acabado. Han podido constatar que en las obras del segundo puente no se contrata a gaditanos, y, por último, que la selección que realiza el INEM es un misterio, pues siempre trabajan los mismos en determinadas obras, algunas de iniciativa municipal. Es explicable, por tanto, aunque pueda no ser entendida, la reclamación que, en estos días, hacen los miembros de la Plataforma de Parados de que el 50% de los puestos de trabajo en obras sean ocupados por gaditanos. La petición puede pecar de localista, y plantea un problema delicado, pero no se la puede tildar de racista, tal como ha sido calificada por instancias políticas y ciudadanas. Cuando no se ha perdido el puesto de trabajo por efecto de la crisis o por la endémica situación de debilidad económica que caracteriza a Cádiz, es fácil apelar a la igualdad ciudadana en la contratación. Parece que no se tiene en cuenta el efecto perverso que supone que la libre competencia del mercado favorezca a poblaciones con una estructura empresarial más dinámica. Si no se introducen medidas correctoras en el sistema de contratación, se estará cometiendo una manifiesta injusticia para con los gaditanos. Ante la situación que se describe, cabe preguntar: ¿tan difícil es dar trabajo a estos desempleados en los distintos planes de fomento del empleo que se llevan a cabo en nuestra ciudad? ¿Tan complicado es que los Ayuntamientos lleguen a acuerdos en la contratación obligatoria de trabajadores nativos, en la proporción que se considere oportuna para no lesionar el derecho de todo trabajador/a a elegir su puesto de trabajo allí donde quiera y pueda?
El debate está servido.
