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Editorial de Noticias Obreras
Núm. 1.505 [1-06-10 / 15-06-10]
«La actividad económica no puede resolver
todos los problemas sociales ampliando
sin más la lógica mercantil».
Nos ha llegado la hora de los recortes y, siendo muy importantes en lo que respecta a la congelación de las pensiones, a la disminución de la ayuda al desarrollo y al recorte salarial de algunos sectores de los funcionarios, el gran problema es el horizonte en el que nos sitúan.
Recordemos: la avaricia de los financieros provocó la mayor crisis económica de la historia moderna. Los gobiernos tuvieron que dar a las instituciones financieras tal cantidad de miles de millones de euros, que hubieran bastado para eliminar el hambre en el mundo durante más de cincuenta años.
Acabado el fabuloso negocio del ladrillo y las hipotecas, los jugadores del casino financiero necesitan un nuevo parquet en el que seguir haciendo sus apuestas, este nuevo parquet es el Estado del Bienestar y el objetivo es doble. Por un aparte, se trata de reducir la acción política de los gobiernos para crear las condiciones para que el poder financiero –no los mercados– pueda seguir operando con total impunidad. La infantería de esta batalla está constituida por las agencias de calificación, que son empresas privadas dependientes del poder financiero, cuyas decisiones dan jaque mate a cualquier gobierno. Por otra, los gobiernos tendrán que ir cediendo a la iniciativa privada y asumiendo que el gran volumen de negocio que constituye la sanidad, la educación, las pensiones y el resto de políticas sociales, sea privatizado y sometido a la lógica del mercado. El negocio es fabuloso; las consecuencias para los pobres, dramáticas.
En realidad, estamos asistiendo a un ataque del poder financiero contra los pobres, contra la democracia y contra la economía productiva. Contra los pobres, traspasando al poder financiero las rentas percibidas por éstos a través de las transferencias del Estado. Contra la democracia, dejando en manos de los gobiernos la gestión de la política fiscal cómo único mecanismo de acción política, sometido al control del poder financiero a través de la supervisión de las agencias de control. Contra la economía productiva, asumiendo la creación de riqueza al margen de la misma, pues la manipulación de los valores en bolsa y la práctica de la «ingeniería financiera» generan más beneficios y más rápidamente que el mejor de los procesos productivos, y dejando a la economía productiva –empresarios y trabajadores– como algo residual, subcontratado y precarizado.
Es todo el modelo de civilización occidental el que está siendo sometido a profundas transformaciones. Por decirlo con pocas palabras, estamos en un proceso de sustitución de la democracia por la mercadocracia, pues la única manera de liberalizar la economía es reducir el Estado. Sí, hay que cambiar todo el sistema, pero en la dirección contraria.
No es verdad que los gobiernos no puedan hacer nada, pueden y deben controlar al poder financiero y redefinir la economía productiva para ponerla al servicio de los pobres, del interés general y del bien común. Afirmamos que «la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios» («Caritas in Veritate», 36). Esta debería ser la reivindicación principal de los sindicatos, pues resulta fuera de toda lógica que convoquemos a una huelga por el recorte a los funcionarios y no lo hayamos hecho por la existencia de cuatro millones y medio de parados. ■
Recordemos: la avaricia de los financieros provocó la mayor crisis económica de la historia moderna. Los gobiernos tuvieron que dar a las instituciones financieras tal cantidad de miles de millones de euros, que hubieran bastado para eliminar el hambre en el mundo durante más de cincuenta años.
Acabado el fabuloso negocio del ladrillo y las hipotecas, los jugadores del casino financiero necesitan un nuevo parquet en el que seguir haciendo sus apuestas, este nuevo parquet es el Estado del Bienestar y el objetivo es doble. Por un aparte, se trata de reducir la acción política de los gobiernos para crear las condiciones para que el poder financiero –no los mercados– pueda seguir operando con total impunidad. La infantería de esta batalla está constituida por las agencias de calificación, que son empresas privadas dependientes del poder financiero, cuyas decisiones dan jaque mate a cualquier gobierno. Por otra, los gobiernos tendrán que ir cediendo a la iniciativa privada y asumiendo que el gran volumen de negocio que constituye la sanidad, la educación, las pensiones y el resto de políticas sociales, sea privatizado y sometido a la lógica del mercado. El negocio es fabuloso; las consecuencias para los pobres, dramáticas.
En realidad, estamos asistiendo a un ataque del poder financiero contra los pobres, contra la democracia y contra la economía productiva. Contra los pobres, traspasando al poder financiero las rentas percibidas por éstos a través de las transferencias del Estado. Contra la democracia, dejando en manos de los gobiernos la gestión de la política fiscal cómo único mecanismo de acción política, sometido al control del poder financiero a través de la supervisión de las agencias de control. Contra la economía productiva, asumiendo la creación de riqueza al margen de la misma, pues la manipulación de los valores en bolsa y la práctica de la «ingeniería financiera» generan más beneficios y más rápidamente que el mejor de los procesos productivos, y dejando a la economía productiva –empresarios y trabajadores– como algo residual, subcontratado y precarizado.
Es todo el modelo de civilización occidental el que está siendo sometido a profundas transformaciones. Por decirlo con pocas palabras, estamos en un proceso de sustitución de la democracia por la mercadocracia, pues la única manera de liberalizar la economía es reducir el Estado. Sí, hay que cambiar todo el sistema, pero en la dirección contraria.
No es verdad que los gobiernos no puedan hacer nada, pueden y deben controlar al poder financiero y redefinir la economía productiva para ponerla al servicio de los pobres, del interés general y del bien común. Afirmamos que «la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios» («Caritas in Veritate», 36). Esta debería ser la reivindicación principal de los sindicatos, pues resulta fuera de toda lógica que convoquemos a una huelga por el recorte a los funcionarios y no lo hayamos hecho por la existencia de cuatro millones y medio de parados. ■
EDITORIAL
Publicado en NOTICIAS OBRERAS:
Núm. 1.505 [1-06-10 / 15-06-10] pág. 5
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