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Propone, ante las próximas elecciones
legislativas, diversos criterios de actuación pública en materia de política
social que contribuyan a superar las estructuras de desigualdad todavía
presentes en nuestra sociedad
Cáritas. 20 de septiembre de 2011.- Cáritas
Española ha remitido a todos los grupos parlamentarios y a las altas
instituciones del Estado un documento en el que, bajo el título
"Propuestas políticas ante los retos actuales de la situación social"
se aportan, de manera estructurada y a la luz su experiencia diaria de trabajo
con las víctimas de la exclusión, una serie de criterios de actuación pública
en materia de política social que contribuyan a superar las estructuras de
desigualdad todavía presentes en nuestra sociedad.
Cáritas, interlocutor cualificado ante los
poderes públicos
Como se señala en la presentación, este
documento surge del compromiso de Cáritas de actuar, como ha venido haciendo
con motivo de convocatorias electorales precedentes, en calidad de
"interlocutor cualificado ante los poderes públicos de una importante base
social involucrada en la defensa de la dignidad y los derechos de las personas
más vulnerables de nuestra sociedad".
Desde un "espíritu de colaboración,
transparente y democrática", Cáritas Española entiende que la próxima
convocatoria de elecciones generales "ofrece a todos los grupos políticos
y agentes sociales una oportunidad que es necesario aprovechar para avanzar en
la superación de una situación social especialmente delicada y cuyos efectos
sobre las personas más desfavorecidas son públicamente conocidos".
Para poner a punto estas Propuestas,
Cáritas ha echado mano de los informes realizados en los tres últimos años
tanto a través de la Fundación FOESSA como del Observatorio de la Realidad
Social sobre los efectos sociales de la crisis "a partir de los síntomas
que venimos detectando sobre las necesidades y el perfil de los usuarios de
nuestros centros y servicios en todo el Estado".
"Es hora de establecer un nuevo orden
de prioridades"
"El objetivo -explica el secretario
general de Cáritas, Sebastián Mora, en la presentación de las Propuestas- es el
de impulsar entre todos los responsables políticos el consenso necesario, y
urgente, para sentar las bases de ese nuevo orden social que los más
empobrecidos nos están reclamando". "Creemos -añade- que es hora de
establecer un nuevo orden de prioridades por parte del conjunto de los poderes
públicos que permita abordar, con auténtica visión de futuro y de manera
sólida, la solución de las asignaturas todavía pendientes en la estructura
económica y social del Estado, y que han impedido de forma recurrente en las
tres últimas décadas el acceso a unas mínimas condiciones de bienestar y de
dignidad de una parte importante de ciudadanos y ciudadanas que siguen viviendo
por debajo del umbral de pobreza".
Propuestas políticas de Cáritas Española
ante los retos actuales de la situación social
RESUMEN
1
Propuestas sobre PROTECCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
1.1. Incrementar el esfuerzo en protección
social para acercarlo al porcentaje medio de la UE sobre el P.I.B.
1.2. Unificar los criterios de acceso y
concesión en el Sistema de Garantía de Rentas Básicas o Mínimas, y articular un
sistema global de garantía de ingresos mínimos con participación del Estado y
de las Comunidades Autónomas.
1.3. Garantizar el acceso, como derecho
subjetivo, de todas las personas que vivan en el territorio del Estado al
conjunto del sistema de Servicios Sociales en situación de igualdad.
1.4. Garantizar un nivel de cobertura
mínimo, no solo en la oferta sino también en su intensidad, en las carteras de
prestaciones de las Comunidades Autónomas.
1.5. Incorporar de forma real y decidida, a
través de procesos de participación, a destinatarios y a organizaciones
sociales, en cuanto sujetos de la intervención social unos y miembros de la
sociedad civil organizada otros, como actores de pleno derecho del sistema de
Servicios Sociales.
2
Propuestas sobre EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA
2.1.
Exclusión residencial: Personas en situación sin hogar
1. Potenciar decididamente por parte de las
Administraciones públicas (Estatal, Autonómica y Local) lo que nuestra
Constitución subraya como derecho social básico.
2. Lograr, por parte de la Administración
del estado, la promoción y puesta en marcha de un pacto social sobre la
vivienda.
3. Desarrollar un marco común regulador que
incluya unos criterios mínimos y que se instrumente mediante una Ley de
Vivienda y suelo, que determine las condiciones básicas de acceso efectivo a la
vivienda protegida y sus modalidades de gestión pública.
4. Reorientar la política actual de
vivienda, centrada en subsidiar la compra de vivienda, con objeto de eliminar
progresivamente la deducción del régimen de fiscalidad como apoyo e incentivo
casi único y prioritario para la compra ante el alquiler.
5. Fijar y reforzar un marco sancionador y
común a las diferentes Administraciones, que tipifique un régimen de
infracciones y sanciones en materia de especulación y corrupción.
6. En relación con la vivienda protegida,
alcanzar un porcentaje equilibrado dentro del total de licencias de
construcción de vivienda nueva.
7. Desarrollar mecanismos e instrumentos de
coordinación entre las Administraciones municipales y autonómicas con objeto
de analizar, proponer y gestionar acciones de forma multidisciplinar y
transversal, que permita abordar, desde una mirada conjunta, la situación de
exclusión residencial de muchas personas en nuestro país.
8. Crear y dinamizar foros de encuentro
sobre urbanismo, vivienda, asuntos sociales y redes de mediación de alquiler
social.
9. Proceder, por parte del Gobierno de
España, a la ratificación de la Carta Social Europea Revisada de 1996.
10. Firma y ratificación por el Gobierno de
España del Protocolo Adicional por el que se establece un sistema de
reclamaciones colectivas del Consejo de Europa de 1995.
11 Modificación de la normativa civil e
hipotecaria en relación a la posibilidad de facilitar herramientas que eviten
la responsabilidad personal en la adquisición de vivienda (dación en pago).
2.2.
Exclusión residencial severa: Personas en situación de calle
12. Potenciar y mejorar la habitabilidad,
gestión y adecuación de los recursos residenciales que han creado las
Administraciones para situaciones de sin hogar (centros de día, residencias,
pensiones sociales, etc.).
13. Garantizar la existencia de plazas
suficientes de acogida para situaciones de urgencia durante todo el año, y con
mayor incidencia en los meses de invierno.
14. Implementar una red local de
intervención con personas en situación de sin hogar, con la implicación de las
áreas de asuntos sociales, salud, vivienda y empleo.
15. Activar, mejorar y coordinar los planes
de acogida en las campañas agrícolas.
3
Propuestas sobre EMPLEO
1. Articular y desarrollar iniciativas de
acompañamiento socio-laboral de empleo de tránsito para los colectivos con
menor grado de empleabilidad.
•
Medidas especiales para el empleo
de las personas en riesgo de exclusión.
•
Medidas especiales para la
inserción laboral.
•
Medidas de apoyo a los itinerarios
personalizados de incorporación laboral.
•
Medidas de generación de empleo
social.
1.1. Articulación de bonificaciones
realmente significativas para contratos a personas desfavorecidas y
financiación de las actividades de acompañamiento.
1.2. Refuerzo de los servicios de
orientación, formación e intermediación laboral centrados en los colectivos más
desfavorecidos.
1.3. Aplicación de la Ley 44/2007
de Empresas de Inserción en todas las CC. AA., y desarrollo de medidas de la
propia ley.
1.4. Desarrollo de cláusulas a
favor de la contratación de empresas de inserción y a favor de cuotas de
contratación de las personas (Ley 30/2007).
1.5. Reducción del tipo impositivo
en el impuesto de sociedades para las Empresas de Inserción y a empresas que
contraten a personas desfavorecidas.
2. Articular y desarrollar iniciativas
ocupacionales que complementen las medidas de protección social destinadas a
los colectivos más desfavorecidos.
2.1.
Regulación de iniciativas ocupacionales en las que se complementen las
prestaciones económicas de protección social (inclusión activa).
3. Desarrollar medidas que eviten la
discriminación por razón de género y potenciar aquellas que favorezcan una
igualdad real entre mujeres y hombres.
3.1.
Dotación presupuestaria adecuada a la Ley Orgánica 3/2007, 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres (Arts. 5 y 30).
3.2.
Derogación del RD 1424/85, sobre el trabajo doméstico.
3.3.
Integración total del régimen especial de las trabajadoras del hogar en el
Régimen General de SS. Tras el anuncio de acuerdo en junio de 2011 entre
sindicatos y Gobierno, para la inclusión por tramos del régimen especial al
general a partir de junio de 2012, creemos que algunos aspectos se quedan fuera
de esta negociación como la prestación por desempleo y otros temas relacionados
con condiciones laborales. Creemos que la igualdad de condiciones tiene que ser
plena con la del resto de los trabajadores y trabajadoras.
3.4.
Introducción de módulos formativos en el sistema educativo reglado para
profesionalizar el sector.
4, Impulsar la incorporación de los jóvenes
al mercado laboral a través de una formación y unas oportunidades adaptadas a
su momento vital, especialmente a los jóvenes con mayores dificultades.
4.1.
Incremento de la dotación económica para políticas activas para jóvenes dentro
del «Plan de choque contra el desempleo juvenil».
4.2.
Beneficios fiscales que incentiven la contratación de jóvenes.
4.3.
Compromiso de crear plazas de aprendizaje para los jóvenes desempleados.
4.4.
Medidas que afronten el fracaso del sistema escolar, en el propio centro y
fuera del mismo.
5. Facilitar la incorporación y la
reincorporación de las personas inmigrantes en el mercado laboral.
5.1.
Ayudas a personas inmigrantes con proyectos viables de autoempleo.
5.2.
Agilización y flexibilización de los procesos administrativos que permiten la
convalidación de títulos profesionales obtenidos en el extranjero.
5.3.
Concesión de permiso al trabajador inmigrante que tiene una primera
autorización para trabajar, sin límite de territorio y actividad, y agilización
en la tramitación y valoración de las solicitudes de modificación.
6. Desarrollar una formación profesional adaptada y accesible a las personas más vulnerables, en colaboración con las empresas, el sector público, los agentes sociales y las organizaciones del Tercer Sector.
6.1.
Mantenimiento, desarrollo y potenciación de las casas de oficios, las
escuelas-taller y los talleres de empleo.
6.2.
Reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por la experiencia o en
entornos formativos no homologables (desarrollo de la legislación vigente en
cuanto a Certificados de Profesionalidad).
6.3.
Atención preferente a programas de recualificación para los trabajadores no
cualificados provenientes de los sectores más golpeados por la crisis.
7. Favorecer la integración laboral de los
colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral ante las oportunidades
laborales generadas en el nuevo modelo productivo.
7.1.
Orientación de la gestión de la Ley 39/2006, 15 de diciembre, de Promoción de
la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, que
redunde en beneficio de la inserción de colectivos desfavorecidos.
7.2.
Desarrollo de normativa específica sobre la atención y protección de los
espacios naturales y su posibilidad como fuente de empleo.
7.3.
Desarrollo de planes de empleo de carácter local que potencien empleos de
proximidad, servicios de utilidad pública, rehabilitación de zonas
desfavorecidas, etc.
7.4.
Potenciación del desarrollo sostenible de las zonas rurales (Ley 45/2007).
7.5.
Ayudas a emprendedores: autoempleo con apoyo e iniciativas de economía social
tutorizadas.
7.6.
Articulación de microcréditos para proyectos de autoempleo que posibilite la
inclusión sociolaboral de personas desfavorecidas.
7.7.
Impulsar la inversión en innovación social.
7.8.
Medidas que apoyen la prospección y localización de actividades económicas que
generen empleo.
7.9.
Medidas de apoyo a la Iniciativa emprendedora de las personas en desventaja
social.
8. Favorecer un mercado laboral inclusivo
donde el trabajo sea un derecho real a ejercer por toda la ciudadanía, también
por los colectivos más desfavorecidos.
8.1. Ampliación
del nivel de estabilidad y de seguridad de los trabajadores: seguridad y
flexibilidad.
8.2.
Fomento de la conciliación de la vida personal-familiar con la laboral.
8.3.
Reforma laboral que vaya más allá del simple abaratamiento del despido.
8.4.
Necesidad de la adaptación horaria de la jornada laboral a las necesidades
personales y familiar.
8.5.
Fomento del trabajo a tiempo parcial libremente elegido.
8.6. Apoyo
a las Actividades de Utilidad Pública.
8.7.
Potenciar el valor social y económico de las actividades de utilidad pública
como alternativa para aquellos colectivos que tengan especiales dificultades,
mayores de 45 y personas en situación de exclusión social.
4.
Propuestas sobre MIGRACIÓN
1. Erradicar y prevenir las situaciones de
vulnerabilidad vinculadas a la irregularidad administrativa.
2. Lograr el desarrollo de propuestas que
contemplen el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
3. Dar respuestas eficaces que logren
combatir la trata de personas.
4. Mejorar la situación de los menores no
acompañados para una adecuada integración en nuestra sociedad.
5. Construir un marco normativo para las
migraciones fruto de un consenso que posibilite construir una sociedad de
acogida más plural y cohesionada, que permita luchar contra la discriminación,
el racismo y la xenofobia.
6. Reforzar los vínculos entre migración y
desarrollo, potenciando, por un lado, acciones de intercambio entre comunidades
en países de acogida y origen, y, por otro, un seguimiento de los acuerdos
comerciales para alcanzar un progreso mutuo.
5.
Propuestas sobre COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
1. Coherencia de las políticas para el
desarrollo.
2. Compromiso de alcanzar el 0,7% en
nuestra aportación al desarrollo de los países más empobrecidos.
3. Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria:
Mejorar el acceso de las víctimas de conflictos armados y desastres naturales a
la ayuda humanitaria.
4. Cumplimiento de los ODM.
5. Trabajar en el cumplimiento del derecho
a la alimentación.
6. La lucha contra el cambio climático y la
crisis global.
7. Trabajo a favor de la paz.
8. Fomentar la educación para el
desarrollo.
6
Propuestas sobre FINANCIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR
1. Impulsar un nuevo Modelo de Financiación
del Tercer Sector compuesto por una pluralidad de fuentes.
2. Creación de una ley de acción social que
proporcione carta de naturaleza y sujeto de derechos al Tercer Sector de acción
social.
3 Desarrollo de una ley de subvenciones
adaptada a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
4. Un régimen fiscal especial que resuelva
la carga fiscal del IVA.
5. Aprobación de un Plan General de
Contabilidad adaptado para entidades sin fines lucrativos. La contratación pública debe tener en cuenta
la especificidad del Tercer Sector de acción social.
6. La contratación pública debe tener en
cuenta la especificidad del Tercer Sector de acción social.
7. Mejorar el acceso a la subvención del
0,7% con destino a otros fines sociales con cargo al IRPF.
8. Apoyo al desarrollo de la Banca Ética.
Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) -
Angel Arriví (91 444.10.16 - 619.04.53.81)
Angel Arriví (91 444.10.16 - 619.04.53.81)
