Fuente: LA VOZ DIGITAL
Autor: Paco González.
Mientras los jefes de estado y de gobierno de los países más ricos de la Tierra discuten hasta la saciedad como sacar al sistema financiero del atolladero, en el que lo han metido banqueros y agentes económicos desvergonzados, las víctimas del sistema capitalista y los perjudicados por las consecuencias de la corrupción y del enriquecimiento más descarado, observamos sorprendidos, unos, doloridos, otros, esta ceremonia de la confusión que no convence a nadie, ya que no se puede admitir lo ocurrido en un sistema que presumía de su pretendida capacidad de autorregulación económica, con la habitual prepotencia que le caracteriza, y que los bancos, becerros de oro de nuestra sociedad, abran continuamente sus bocas en demanda de más dinero, a cambio de promesas en el crédito, materializadas en unas migajas para los agraciados con la concesión y nada para los que poco o nada tienen.
Hace unos días pensaba en estas circunstancias que nos ha tocado vivir, cuando, en compañía de los integrantes de la recién creada Plataforma Social de Cádiz, visitábamos a los trabajadores eventuales de Delphi, acampados desde hace más de un mes en la entrada del edificio de los sindicatos. Sus rostros, curtidos por los efectos de la actividad laboral ahora paralizada, y de las muchas horas pasadas a la intemperie, manifestaban la preocupación por su forzado desempleo y la desesperanza ante la falta de atención y acogida de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, mediaciones creadas por los hombres y mujeres del trabajo, con el fin de defender sus derechos laborales, refrendadas más tarde por las leyes democráticas, y que ahora deberían ser en este conflicto la base de apoyo en las luchas y reivindicaciones del colectivo en crisis. Se quejaban además de la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a un problema que constituye en sí mismo, no sólo un agravio comparativo con la solución, a pesar de todo parcial e insatisfactoria, dada por la Administración al conflicto de los trabajadores de Delphi, sino también un manifiesto atentado a la Constitución Española, que en su artículo 35 proclama el deber y el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles al trabajo.
Los miembros de la Plataforma advertíamos la profunda tristeza de estos hombres al no poder ver a sus familias, mujeres e hijos, ya que, salvo dos de los encerrados, todos los demás viven en localidades de la provincia. Esta lejanía de sus familiares y la dureza de las noches en la calle han obligado algunos a abandonar a causa de la angustia, el cansancio y las enfermedades. Los que aún quedan están dispuestos a seguir hasta el límite de sus fuerzas. En estas circunstancias, se me ocurre pensar si lo que se está esperando es que vayan abandonando paulatinamente el encierro, hasta perderse en la masa anónima de los más de 157.000 desempleados de nuestra provincia.
Como es posible que estas líneas puedan molestar, por diversos motivos, a ciertos lectores, los invito a pensar qué podrían hacer ellos en favor de sus familias, sin la posibilidad de unos ingresos fijos y suficientes. ¿Sabemos realmente, si no nos ha tocado vivir el desempleo, los sufrimientos y desesperación en que pueden estar sumidos la mayoría de los 14.074 parados de la capital que viven este drama ¿ ¿Hasta cuando va a durar una situación de injusticia que está horadando los fundamentos constitucionales del Estado? ¿Es conforme a los principios democráticos que el sistema económico convierta a una parte de la ciudadanía en personas inútiles y sin relevancia social?
Es casi seguro que, si las cosas no cambian, reivindicaciones por el empleo, como las de los ex-empleados de Delphi o las de los parados de La Isla, entre otras, cuando se levante el solemne telón de la Conmemoración del 12, empañarán la brillantez de unos actos, con vocación de esplendor, porque no puede haber grandeza allí donde se conculca el derecho al trabajo.