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Comunicado conjunto.
La Juventud
Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica,
como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta
reflexión ante la aprobación por el Consejo de
Ministros de una nueva reforma laboral.
Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en
democracia. Hasta ahora las sucesivas
reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo
político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función
del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de
las personas trabajadoras y de sus familias.
Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para
combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:
- incrementar el empleo temporal, especialmente para los
jóvenes;
- diversificar las modalidades de contratación a la carta;
- abaratar el coste del despido;
- reducir el crecimiento de los salarios;
- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).
En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el
empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de
crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y
empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país.
Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un
empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la
altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas.
Es la economía la que debe orientarse a
las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro
de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo,
vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una
economía orientada por “una
ética amiga de la persona”. (Benedicto
XVI, Caritas in veritate, 45)
Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo
humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende
ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede
hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el
colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de
las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados
financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los
organismos económicos internacionales.
Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más
para flexibilizar el mercado de trabajo:
- Quiebra el
derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad
organizativa de los trabajadores –no existe negociación real de los
trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo
español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la
cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos
desincentivando cualquier negociación entre las partes.
- Facilita y
abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por
causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días
por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización
administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de
empleo. Los contratos indefinidos con
esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de
estabilidad.
- Abre el
camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los
trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del
empresario.
- Dificulta,
cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis
corresponde a empleo juvenil. El nuevo
contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para
desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50
trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal
sin causa justificada. Estas nuevas
modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la
estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.
No compartimos la individualización de las
relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el
trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la
empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la
comunitariedad. Todo lo que suponga la
individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los
colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano
No es lícito eliminar derechos y protección de
las personas trabajadoras con el argumento de combatir el
desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas
económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido
productivo tan débil y un empleo tan precario.
No podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin
garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus
familias. Y esta reforma se lleva a cabo
en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector
Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.
Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado
históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre
defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho
Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y
“cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado
el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar
viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de
tantas personas a lo largo de la historia.
Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren
medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la
economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente
Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero
internacional. Esta
reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes,
redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía
especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar
derechos. Este es el camino que puede generar
riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir
la pobreza.
Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias,
pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al
conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos
y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que
han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las
estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento,
deshumanización y pobreza están provocando a las personas.
También instamos a los partidos políticos a corregir y
reorientar, en el proceso parlamentario, esta reforma laboral poniendo en el
centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo,
animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por
parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a
tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas
trabajadoras y sus familias.
Madrid, 16 de febrero de 2012
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Publicado
también en: http://revistaecclesia.com/content/view/32689/53/
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