![[hoac.gif]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi57eIBFXzs_BDh8WyxtvXfUtu7I86gHamk2H0f4g2lVr8AcOBjpmR57o9XJPYG9BwetumaoIsfIXLnPvNe-He4JJTV6I5VIJnH7_dY6neu0mctStpki4aWpXrJHLbVBI_-9P7j9YgSQY3y/s1600/hoac.gif)
Duras críticas al plan de Ministerio de Trabajo contra los accidentes laborales
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado un plan de choque contra los accidentes laborales mortales que ha sido criticado por los sindicatos.
El plan nace para luchar contra la lacra de la siniestralidad laboral que entre 2017 y 2019, se ha cobrado la vida de 1.626 personas trabajadoras, a través de la actuación planificada de todo el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en colaboración con autoridades laborales autonómicas.
La acción inspectora y la sensibilización, con el concurso del Instituto Nacional de seguridad y Salud en el Trabajo, se dirigen a las empresas en las que se concentren factores de riesgo de accidentes de trabajo, en los sectores de la agricultura y pesca, construcción, industria y transporte por carretera.
El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, Mariano Sanz, critica el lema escogido para esta campaña, “Arriesgar tu vida no es una opción”, debido a que “responsabiliza a los trabajadores en materia preventiva, cuando no tienen la capacidad de determinar sus condiciones de trabajo”.
Trabajadores indefensos
“En muchos casos, los trabajadores no influyen en sus condiciones de trabajo y tienen secuestrada su voluntad para reclamar, ante los instrumentos para despedir a quienes molesten que tienen los empresarios”, ha señalado Sanz, quien también apunta a que “los trabajadores, después de sucesivas crisis, han interiorizado que hay que aceptar lo que sea para mantener el empleo.”
También ha apuntado que “desde el 2011 a 2017 se ha desarrollado la normativa en la dirección de flexibilizar la prevención y las exigencias, precisamente, allí donde más accidentes se producen, en la pequeña y mediana empresa, mercantilizando los servicios de prevención, empeorando su calidad y permitiendo que sea el empresario, con la ley de emprendedores o sobre la unidad de mercado, el que haga de delegado de prevención o el auditor”.
“La gran mayoría de los accidentes que están ocurriendo en estos momentos tienen que ver con elementos básicos, la gente se muere y lesiona como lo hacía en la Edad Media cuando se construían las catedrales, por caídas o golpes de objetos”, describe Sanz.
Un plan sin presupuesto
Por su parte, UGT ha lamentado que el plan “no incluya una asignación presupuestaria para su desarrollo y se enmarque dentro de actuaciones de asesoramiento, vigilancia y control en la programación anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, sin contemplar sanciones.
Para UGT, el plan del Ministerio “no aborda de forma decidida los accidentes mortales causados por patologías no traumáticas, como son los infartos y derrames cerebrales –primera causa de muerte en accidente de trabajo durante la jornada laboral–”, ni tiene en cuenta “la enorme incidencia de los riesgos psicosociales de origen laboral entre la población trabajadora y que están detrás de estas patologías que matan en el trabajo”
“El plan debería haber sido mucho más ambicioso y dirigirse no solo a la reducción de los accidentes mortales, sino a la siniestralidad laboral en general, abarcando todos los tipos de accidentes de trabajo”, advierte UGT, que considera que debería haberse negociado a través de la apertura de una Mesa de Diálogo Social en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como viene reivindicando el sindicato desde hace tiempo.
La Inspección se queja de la falta de recursos para cumplir su misión
También las organizaciones de la Inspección de Trabajo han afeado al Ministerio su plan contra la siniestralidad. En concreto, los sindicatos y organizaciones profesionales de la Inspección han denunciado las “carencias” del organismo y la “propaganda hueca” que se hace desde el Gobierno.
Las carencias denunciadas, según los firmantes de un comunicado público, “pueden poner en cuestión los objetivos de la misma y el servicio público que debe garantizarse desde dicha institución”. Seis años llevan esperando desde la publicación de la Ley ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para ver concretadas las oficinas y resto de unidades especializadas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes enviar tu comentario a: